El ganado que quedaba pastaba junto a la carretera

Rogelio Peña hizo de su finca Santa Rita, en el municipio Obispos de Barinas, un predio próspero donde pastaban más de 3 mil reses y se producía alrededor de 1 millón de kilos de maíz y sorgo al año. Pero en 2003 las tierras fueron declaradas ociosas por la Procuraduría General de la República. Ese año, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que la finca debía ser devuelta a su dueño. Pero, casi 16 años después, la orden no se ha cumplido.

Fotografías: Álvaro Hernández Angola

Dicen que Santa Rita es un lugar próspero. Aunque en épocas de lluvias el agua inunde todo, y pese a que el verano siempre sea vigoroso, esa es una tierra fértil y generosa. El predio, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Barinas, en el municipio Obispos, se extiende por más de 3 mil 500 hectáreas bañadas por los ríos Santo Domingo, Masparro y Pagüey.

En 1996, para comprar esa finca, Rogelio Peña invirtió sus ahorros, pidió créditos bancarios y juntó el dinero que aportó el esposo de su hermana. Austríaco de nacimiento, Richard Lisch, su cuñado, no lo pensó dos veces cuando le propuso el negocio: estaba enamorado del llano. Soñaba con algún día dejar su Europa natal, adonde seguía viviendo, e instalarse definitivamente en algún punto de esa apacible sabana tropical de hermosos atardeceres.

Cuando Rogelio todavía era niño, su padre adquirió La Arboleda, que sigue siendo la finca familiar. Allí se sembró su amor por el campo: mientras crecía, aprendió a conocer el ritmo de la naturaleza y el trabajo agropecuario; disfrutó de sus amaneceres y atardeceres; experimentó y comprendió el vínculo que une al habitante de la llanura con la tierra y los animales. Esa conexión que en él nunca se rompería y le daría el tesón para defender lo suyo cuando llegara el momento.

Apenas se inauguró la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, para impartir carreras afines al agro, Rogelio abandonó sus estudios de ingeniería en Caracas y regresó a Barinas para estudiar allí economía agrícola. Durante el bachillerato en el liceo O’leary, había surgido en él un interés especial por la política, lo cual afloró en sus años de estudiante universitario. Con el apoyo de partidos cercanos al Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces lideraban Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, su plancha obtuvo cargos de cogobierno universitario. Y más adelante, en diciembre de 1995, respaldado por Acción Democrática, fue electo alcalde de la ciudad de Barinas.

Cuando en 1996 adquirió la finca Santa Rita junto a su cuñado, Rogelio combinó su labor en la alcaldía con el trabajo duro del llano. Gracias a sus conocimientos en materia agropecuaria, y a los de su cuñado como ingeniero mecánico, pudieron levantarla. En poco tiempo la convirtieron en una unidad de producción fructífera: 3 mil reses pastaban en sus campos y producía alrededor de 1 millón de kilos de maíz y sorgo al año.

Pero a principios de febrero de 2003, personas escoltadas por un convoy del ejército, con militares a bordo, se apostaron en las adyacencias de Santa Rita.

Le informaron a Rogelio que debía salir de la finca, que ellos la iban ocupar y que estaban allí con el aval del Instituto Nacional de Tierra (INTI). Él se negó a dejar su ganado, sus cultivos, sus tierras y su trabajo. Y muchos de sus vecinos de Santa Rita salieron a apoyarlo a él y a sus trabajadores.

Durante días, los militares no se movieron de ahí. Lanzaron perdigones y bombas lacrimógenas. Los cultivos se iban marchitando y las reses muriendo. Pero Rogelio y los suyos se negaban a irse. Después de un par de semanas de tensión, sin embargo, lo detuvieron y, a la fuerza, lo lanzaron fuera de su finca.

No pudo llevarse nada suyo.

Carlos Mata Figueroa, entonces comandante de la Guarnición Militar de Barinas, aseguró que por orden del presidente Hugo Chávez, el ejército permanecería en Santa Rita. Los que llegaron con los militares, dispuestos a ocupar el predio, eran de dos cooperativas: Batalla de Santa Inés y Brisas del Masparro. Eran algunas de las 500 familias que en la misma época se apropiaron también de Ña Soledad, El Bristero, Curito Mapurital, Curito Bajagual, La Morita y otras fincas aledañas, que en conjunto suman 31 mil 600 hectáreas.

Era la misma gente que había denunciado que esas tierras eran ociosas. Por esa razón, la Procuraduría General de la República, luego de un supuesto estudio técnico, declaró que esos terrenos eran baldíos. De allí que el INTI les adjudicara a los nuevos ocupantes las cartas agrarias que les darían la tenencia de la tierra y que les fueron entregadas personalmente por Chávez, poco tiempo antes de la ocupación.

Rogelio siguió denunciando el arrase de sus cultivos, el maltrato de su ganado, el desmantelamiento de su finca. Inició una querella judicial para recuperarla: primero elevó la denuncia ante el Tribunal Agrario Superior de Barinas, que declaró la acusación inadmisible. Luego apeló esa decisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Allí tuvo mejor suerte. En noviembre de 2003, esa instancia declaró “con lugar” la acción de amparo contra quienes promovieron la invasión y confiscación de la finca: es decir, contra el Instituto Nacional de Tierras y la guarnición militar.

Los ocupantes debían desalojar.

Rogelio tuvo la certeza de que le devolverían las tierras. Pronto, muy pronto. “Dificulto que un oficial subalterno del general Mata Figueroa atienda una orden que contraríe la decisión del Tribunal Supremo de Justicia”, pensaba.

Pensaba también que esa decisión respaldaba la lucha que libraban ganaderos y productores contra las arbitrariedades que, por aquellos años, habían cometido en contra de ellos desde el gobierno nacional. En 2001, por decreto presidencial, se promulgó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Hugo Chávez aseguraba que a través de ella se combatiría el latifundismo y se recuperaría el campo, y que su gobierno garantizaría el financiamiento y el acompañamiento oportuno a medianos y pequeños productores.

Adán Chávez, hermano del presidente, presidía el INTI y calificó la decisión del TSJ como “una ligereza”. Aseguraba que no se había vulnerado ningún derecho: que Rogelio Peña no tenía título de propiedad de la tierra y que el INTI solicitaría la revisión del dictamen de la Sala Constitucional. “Estamos convencidos de que ese señor se cogió esas tierras valiéndose del poder que ejercía cuando fue alcalde del municipio Barinas; por lo tanto, no se le devolverá la finca”, sentenció.

El TSJ declaró improcedente la acción iniciada por el INTI. A lo que un rabioso Hugo Chávez respondió:

—Pues no vamos a permitir esta decisión. Cómo es posible que se tome una decisión para amparar a unos bandidos y terratenientes, aquellos que se robaron las tierras y le quitaron el derecho al pueblo.

Mientras esperaba que se cumpliera la sentencia, Rogelio se dedicó a labrar La Arboleda, la finca familiar. Y en el ínterin, viajaba con regularidad a Caracas: iba al TSJ, a la Fiscalía, al INTI, a la Asamblea Nacional, a la Procuraduría General de la República. Ante el Ministerio Público emprendió una acción por desacato contra el INTI y la guarnición militar. Y ante el TSJ interpuso una nueva acción para que se cumpliera la medida de desalojo.

El 2 de mayo de 2014, a casi 11 años de la sentencia de 2003, la Sala Constitucional ratificó el dictamen: las tierras de Santa Rita debían ser devueltas a Rogelio en un lapso no mayor a 20 días. En Santa Rita, y en las tierras cercanas que fueron ocupadas, se encontraban varias cooperativas que aseguraban estar produciendo ganado vacuno y bovino, caballos criollos, gallinas, cachamas, maíz, plátano, arroz, girasol, yuca y sorgo. Y protestaban por la decisión del TSJ. Los vecinos de la finca, sin embargo, sostenían que el predio se encontraba destrozado: que no había tales cultivos y que el poco ganado que quedaba pastaba junto a la carretera porque las cercas perimetrales yacían en el suelo.

Esas tierras siguen fuera del alcance de Rogelio.

Él ni siquiera ha vuelto a pasar por allí. Sabe de Santa Rita por los rumores que le llegan. Le han dicho que alguien cría ganado a medias (es decir, que cobra la mitad del engorde de las reses de otras personas y las mantiene en las tierras por un tiempo determinado). Le han dicho que en las riberas de los ríos que atraviesan la finca, que hace 16 años él evitaba explotar por razones ecológicas, se han asentado algunas personas que tienen pequeños conucos.

Le han dicho que su finca está destrozada, pero él conserva la esperanza de que volverá. Volverá a ver reverdecer esas sabanas fértiles en las que su cuñado todavía sueña con instalarse a observar el atardecer.

—De Barinas, mi terruño, me iré solamente cuando Dios me llame.

Este texto contó con la participación de Marian González.

Esta historia fue producida dentro del programa La vida de nos Itinerante, que se desarrolla a partir de talleres de narración de historias reales para periodistas, activistas de Derechos Humanos y fotógrafos de 16 estados de Venezuela.

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