La otra sentencia de David Natera Febres

Esta es la historia de cómo procesaron y condenaron al director de un diario que hizo seguimiento a un caso de corrupción estatal en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Es, hasta la fecha, el único editor venezolano cuyo proceso ya produjo un fallo en su contra. Pero dos años después, se enfrenta a una sentencia que le pesa más: el riesgo inminente del cierre del diario Correo del Caroní.

Fotografías: Gabriela Carrera

El 9 de marzo de 2016, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, decenas de pobladores protestaban, por sexto día consecutivo, en la carretera que comunica el sur de Venezuela con Brasil. Exigían que les entregaran los cadáveres de al menos 17 mineros que, el viernes 5 de marzo, habían sido masacrados en una mina cercana.

Eran las 10:00 de la noche y en el diario Correo del Caroní, a cuatro horas de ese municipio, los periodistas se preparaban una vez más para ir a Tumeremo. Pero otros se alistaban, también, para cubrir un hecho que podía cambiar el curso del periódico: el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar había retomado la causa en contra del director del periódico, David Natera Febres, después de un receso de dos años y medio, durante el cual el proceso debía de haber prescrito.

En la avalancha de noticias, el juicio en contra del editor de 75 años parecía otro aluvión. Eran dos pautas cruciales las que se conversaban en la sala de redacción: la masacre de Tumeremo, que había sido catalogada como “virtual” por el gobernador del estado Bolívar, el general Francisco Rangel Gómez, y la audiencia en la que se decidiría si Natera era responsable de los delitos de difamación agravada e injuria por permitir la publicación de reportajes sobre hechos de corrupción en la estatal procesadora de mineral de hierro, Ferrominera Orinoco.

El escándalo de la masacre, perpetrada por bandas armadas contra civiles que suelen terminar enterrados en fosas comunes, movilizó a figuras de peso como Luisa Ortega Díaz y Tarek William Saab, fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente, y pronto el pueblo minero llamó la atención de la prensa nacional e internacional.

En la redacción del Correo del Caroní, hasta entonces único rotativo con 39 años de trayectoria en la región, la cobertura de Tumeremo ocupaba, por decisión editorial, a toda la plantilla de periodistas. Al único vehículo operativo, una camioneta roja Chevrolet pickup, le reparaban fallas para el traslado hasta el pueblo minero. Sería un viaje ida y vuelta, por seguridad, y porque no había presupuesto para pernoctar.

En paralelo, en el tribunal penal de Puerto Ordaz, se decidía la suerte del editor del periódico. Mañana, tarde y noche, durante el 8 y 9 de marzo, David Natera Febres, junto a su hijo, su abogado y varios periodistas —nosotros, porque yo cubría la fuente sindical en el diario—, estuvimos ahí para escuchar los alegatos del acusante. Sin aire acondicionado, ni ventiladores, el calor nos ahogaba.

A las 11:00 de la noche, todo indicaba que se produciría la sentencia.

La primera vez que David Natera visitó los tribunales de Puerto Ordaz en condición de acusado ocurrió en julio de 2013, cuando fue notificado de una primera demanda. Habían transcurrido seis meses del seguimiento informativo a una investigación adelantada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la Ferrominera.

Los primeros artículos publicados por el Correo del Caroní informaron los avances del procedimiento del gobierno contra empresas intermediarias en la comercialización de mineral de hierro. En los registros legales de esas compañías, con razones sociales ajenas al negocio minero, figuraban apellidos de conocidos empresarios de Guayana, entre ellos el de Yamal Mustafá, contratista de la Gobernación del estado Bolívar y director del diario regional Primicia.

Las detenciones de los gerentes de la estatal se produjeron en junio de 2016. En cadena nacional, el recién electo Nicolás Maduro, embarcado en una efímera lucha contra la corrupción, anunció la captura del entonces presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, y de otros cinco gerentes de la compañía.

La fotografía completa de la historia la supimos un mes después, cuando el entonces diputado Andrés Velásquez, del partido opositor La Causa Radical, compartió con la redacción del Correo del Caroní un documento de la Dgcim. Las transcripciones de los interrogatorios, publicadas a partir del 11 de julio, conectaron cabos sueltos en el seguimiento de la historia. Confirmó, por ejemplo, que Yamal Mustafá sirvió de intermediario en la transferencia de 3.9 millones de dólares en el pago de sobornos al general de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Juan Carlos Álvarez Dionisi, a quien apodaban “El Tiburón”.

La publicación de ese informe, con páginas completas durante una semana, fue el detonante para la presentación de dos acciones judiciales contra Natera Febres: una penal y otra civil. La demanda civil, el 18 de julio de 2013, coincidió con la captura de Mustafá, quien fue detenido e imputado por ser presunto cooperador en los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.

A pesar de su encarcelamiento, los tribunales admitieron la demanda penal (el 23 de julio) y la civil por daños y perjuicios (el 25 de julio), en la que solicitaba el pago de una multa (126 millones de dólares al cambio oficial de la época) y el embargo de los bienes del editor.

En sus alegatos, Mustafá sostuvo que su detención fue motivada por una “campaña de descrédito” que Natera y el Correo del Caroní emprendieron en su contra: una estrategia de “real malicia”. Pero en dos años y ocho meses, la audiencia de juicio fue constantemente diferida sin que él se presentara y todos los recursos presentados por la defensa fueron negados. Durante ese período, el contratista estuvo detenido en la sede de la Dgcim en Ciudad Bolívar y, antes, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas.

El sobrino de Mustafá, Manuel Mustafá, era el propietario de dos de la docena de empresas que en 2012 entraron para servir como intermediarios en la venta de hierro, una figura prohibida en el decreto de nacionalización del mineral. Los fiscales del Ministerio Público acusaron al director de Primicia de haberlo utilizado como testaferro en negocios de contrabando de mineral de hierro y extorsión en el seno de la compañía estatal. Un caso que produjo pérdidas estimadas de 1.113 millones de dólares para la Ferrominera Orinoco que, según los cálculos del periodista Joseph Poliszuk, hubiesen alcanzado para llenar 1.321 maletas como la de Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano célebre por su llegada a Argentina en 2007 con una valija de 790 mil dólares, o el equivalente a las inversiones requeridas para, cuando menos, incrementar en un 50 por ciento la producción en CVG Bauxilum.

A las 11:00 de la noche del 10 de marzo de 2016, David Natera destacaba en la sala del Tribunal Penal Sexto de Juicio. Vestía pantalón, camisa blanca y mocasines negros, como el día anterior. Es un traje que suele usar con frecuencia.

Tal como pidió, su esposa no le acompañaba. Le asistía su abogado y amigo, Eliécer Calzadilla; su hijo, David José; el jefe de redacción del diario, Oscar Murillo; y el abogado Morris Sierralta.

—¿Estás escuchando, David? —refunfuñó Calzadilla.

—Ajá.

—Que tú tienes, coño, que reconocer, en los años que te quedan, que tienes que aprovechar Daytona (en Florida, Estados Unidos), sus playas, aprovechar tus vainas. Esto ya es historia, tú no puedes componer ni siquiera Villa Antillana (urbanización de Puerto Ordaz). ¡Tienes que posponer Venezuela!

Calzadilla protestó durante los dos días de juicio por la terquedad de Natera de permanecer en Ciudad Guayana como un centinela. Solo en noviembre de 2015, Natera había viajado a Estados Unidos para someterse a una operación. Llevaba tres años sin salir del país porque “no se puede descansar”. Y como repite siempre: “Yo soy de los que no se van”. La respuesta de Calzadilla siempre era la misma: “Esto ya no se compone”, “No estarías aquí”. Pero Natera callaba. Permaneció callado ambos días.

Ese 9 de marzo, Natera no refutó ni sentenció, como suele hacerlo. Se expresa con oraciones cortas, moviendo las manos con cadencia de punto y aparte, que uno completa y le da sentido si le conoce. Esos días solo sonrió con sarcasmo durante la exposición de la parte acusadora: una abogada que con frecuencia gritaba y, con ademanes histriónicos, se negaba a leer el contenido de los trabajos periodísticos que, en nuestra opinión, desmontaban el caso.

Escuché mi nombre dos veces en esa exposición. La primera porque aparecía entre los contactos telefónicos de “El Tiburón” y, la segunda, cuando expusieron las razones por las cuales demandaban penalmente al editor y no a la autora de las notas periodísticas. “Es un acto de cobardía del ‘editor’ David Natera Febres manipular a jóvenes periodistas para pretender descargar en ellos la responsabilidad de las acciones delictivas que, de manera reiterada y agravada, están cometiendo. Es un daño que le está haciendo tanto a ellos, a quienes pretende utilizar como carne de cañón para eludir responsabilidades, como al periodismo en general, y por esta razón decidí excluir de esta acusación a la joven periodista Clavel Rangel, quien está siendo vilmente manipulada por el editor de este medio de comunicación en decadencia”.

Durante todo el martes la exposición de motivos se centró en la lectura de titulares y la firma en el cabezal del periódico (donde resaltaban: “Director: David Natera Febres”), omitiendo la firma y el contenido de las notas que habíamos publicado con los hallazgos de la investigación. Natera no intervino ni dijo una palabra en esos dos días. Fue su decisión para no convalidar a tribunales que, desde un principio, calificó como corruptos.

Los alguaciles no permitieron grabar, ni tomar fotos, aunque se trataba de un juicio oral y público. Era una sala con piso de granito, mesas de madera  y juego de cuatro bancos de madera a la derecha y a la izquierda. El único ventilador estaba cerca del juez Beltrán Lira, conocido en Guayana, entre otros casos, por haber dictado orden de captura contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, en 2009, un episodio emblemático de criminalización de la libertad sindical y de la protesta.

Lira estaba de buen humor. Se trataba, además, de un encuentro estelar porque desde 2013 era la primera vez que Natera y Mustafá coincidían en una audiencia. Tres meses antes, en diciembre de 2015, el empresario había obtenido una medida sustitutiva de libertad luego de que la Corte de Apelaciones fallara a su favor y en contra de los fiscales que, en julio de ese año, congelaron su libertad. Así que el juez se permitió bromear y tratar de resumir la lectura de los alegatos expuestos por los abogados de Mustafá, los mismos que defendieron a directivos de Sidor acusados de corrupción en 2011 por el caso conocido como la “mafia de la cabillas”.

David Natera Febres estudió derecho, pero siempre su obsesión fue el periodismo. Lo atribuye, de pronto, a una coincidencia histórica: nació en 1941 en Ciudad Bolívar, a 50 metros de la casa del Congreso de Angostura, donde el libertador Simón Bolívar dio su histórico discurso en 1819. También, a 200 metros del río Orinoco y de la casa del Correo del Orinoco, el periódico del siglo XIX cuyo lema era “Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público”.

Así se presenta. “No hablamos de cuestiones incoherentes cuando hablamos de un compromiso histórico”. Y eso último es casi su mantra. El compromiso es la respuesta a su permanencia en el negocio editorial, aunque hace años que el Correo del Caroní y TV Guayana, dos de las empresas de Editorial Roderick (cuyo nombre concedió en honor al impresor del Correo del Orinoco), solo generen pérdidas.

Comenzó a escribir a los 16 años y en 1977 fundó el Correo del Caroní en el barrio Villa Colombia, en el centro de Puerto Ordaz. Esperó días para que el encendido de la rotativa coincidiera con la fundación del histórico periódico del que tomó el nombre. Allí vivió durante dos años, a un cuarto de distancia de la rotativa, en el pequeño galpón amarillo que hoy, 40 años después, se mantiene intacto entre el centro comercial Venezuela y el mercado de Villa Colombia.

Desde entonces ha sido un hombre de medios, propietario de un diario que acaparó toda la publicidad y propaganda, tanto privada como estatal, en los años dorados de la entonces pujante Ciudad Guayana. Ser el único periódico de la zona, hizo del Correo el principal lugar para anunciar y eso le permitió a Natera amasar una fortuna, tener aviones, hacer viajes y asumir posiciones de poder, lo que le valió el mote, entre gente de confianza, de Ciudadano Kane, en referencia a la película de Orson Welles inspirada en el magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst. “Con graves diferencias éticas, déjate de vaina”, le respondió al escritor venezolano Rafael Pineda cuando en un telegrama le apodó así. De esa bonanza, y de ir vendiendo propiedades, es que hoy el periódico y la televisora subsisten en operaciones mínimas.

Sus detractores —no pocos— han visto en David Natera a un hombre soberbio y poderoso, que no se mezcla con la clase empresarial de Guayana. “Yo los conozco, son los de siempre”, dice. Es presidente del Bloque de Prensa Venezolano, una agrupación de dueños de los otrora medios impresos del país, y fue vicepresidente para la región de la Sociedad Interamericana de Prensa, en cuya tarima se propuso siempre adversar a Hugo Chávez y calificar al suyo como un régimen, mucho antes de que Venezuela fuese reconocida como dictadura. Sin embargo, no convalidó el golpe de Estado de 2002 y es célebre un video de Rangel Gómez usando las cámaras de  TV Guayana colocándose a la orden de la transición, de modo que Natera no es un hombre fácil de encasillar. Es, en general, un hombre contrapoder que no le gusta compartir sus propios espacios.

Tampoco es la primera vez que se enfrenta a intereses locales. En la década de los 90, las publicaciones del Correo del Caroní lo encararon con el llamado “Grupo chino” del partido Acción Democrática, a quienes La Causa R calificaba de corruptos. Famosa fue aquella campaña en paredes de Ciudad Guayana donde lo acusaron a él y a su familia también de ladrones. “Allí perdí mi libertad. Hubo que contratar guardaespaldas y perdí libertad. Por eso yo los conozco, son la misma gente —insiste—. Los mismos corruptos”. Su paso por la política fue breve e irreversible cuando le tocó ocupar por unos meses la presidencia del Consejo Legislativo del estado Bolívar, entre 1979 y 1980.

En la época dorada del diario, cuando grandes anunciantes como Cantv, Movistar y Ternium pagaban páginas completas, Natera llegó a conceder publicidad por precios simbólicos al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), el sindicato de la Siderúrgica del Orinoco, solo para que hicieran contrapeso al consorcio ítalo-argentino que se apropió de Sidor en su exigencia de condiciones justas de trabajo. Pero así como ese gesto, en su expediente también aparece el cierre del diario El Pueblo cuando, quizás por coincidencia, un grupo de trabajadores se organizó para instalar un sindicato. En algún momento, el gobierno de Chávez se encargó, también, de auditarle hasta el último bolívar y sus cuentas bancarias fuera del país, en la búsqueda de algún rastro de ilegalidad. La detención de uno de sus sobrinos, el más cercano, piloto de uno de sus aviones, posó la mirada sobre él cuando aquel fue detenido en Estados Unidos por haber prestado su cuenta bancaria al narcotráfico. Pese a la exhaustiva búsqueda e intentos de vincularle, el gobierno jamás pudo demostrarle nada al editor. Él presenta cada capítulo de esa historia reciente como una batalla ética ganada. Y esta, la de la sentencia, no es siquiera la más importante.

El día más difícil para David Natera no fue el 11 de marzo de 2016, cuando lo declararon culpable de difamación agravada e injuria en forma continuada. Ni los días subsiguientes en los que no ha podido salir del país, ni las presentaciones mensuales en la comisaría, ni la violación de sus derechos políticos al ser excluido del registro electoral. Ha sido el día que el Correo del Caroní dejó de circular en su versión impresa, apagando temporalmente la rotativa GOSS Community. “Mi máquina… todos los días la veo y se la encomiendo a la Santísima Trinidad porque, desde que la arrancamos, mi mamá estuvo presente”.

Unos meses antes, el 31 de julio de 2015, el Correo pasó a convertirse en semanario impreso. Aquel miércoles de edición y montaje, para la preparación de lo que entonces ya era un diario que había cambiado de estándar a tabloide y con menos páginas, David Natera contemplaba la maqueta en la pantalla en absoluto silencio y con ira. Fue el preludio de la portada que circuló la última semana de noviembre de 2016, con una promesa que luego no se pudo cumplir: “El régimen que impera en Venezuela limita e impide la circulación de la prensa independiente, controlando la importación y suministro de papel para eliminar a los periódicos que no se doblegan ante la vergonzosa dictadura informativa. La preservación de papel es vital para las conquistas democráticas. Correo del Caroní circulará de nuevo el próximo año”.

La rotativa permanece apagada. Dos bobinas están en la parte trasera del periódico, esperando el momento definitivo para anunciar el fin de una era. Ahora la “resistencia” es digital, pero no es una idea que Natera defienda, ni admire, aunque ya grandes diarios hayan dado el paso. Se niega a usar Whatsapp, Twitter, Facebook. Tampoco responde mensajes de texto, solo llamadas telefónicas y correos electrónicos. El editor sueña con volver a imprimir en la rotativa. “No es un sueño, eso será así”.

En los últimos cuatro años, el periódico ha limitado sus funciones y su plantilla de periodistas y trabajadores. De poco más de 100 personas, hoy no están en nómina ni 30. Un cuerpo de cuatro editores y cuatro periodistas trabajan remota y directamente en la sede del diario en Villa Colombia.

La función de guardabarreras, propia de editores, quizás Natera la maduró con la experiencia de los años, lo suficiente como para dar libertad y aceptar el debate en momentos cruciales. Aunque todos conocemos sus maneras casi invisibles de ejercer su influencia, en mis 10 años en el periódico jamás le vi editar una portada o mandar a cambiar un titular antes de su impresión; ni siquiera vigilar el proceso, salvo en las ediciones aniversario cuando se quedaba hasta la impresión del último ejemplar para vigilar que el color fuese óptimo.

Por eso, David Natera nunca preguntó con qué íbamos a titular aquellos días de las publicaciones sobre Ferrominera Orinoco, aunque las discusiones entre jefe de redacción y periodistas eran intensas. Tampoco hubo mención a si estábamos en la dirección correcta en aquellos días de tensión, cuando tras cada reportaje aparecían dos páginas encontradas en el diario de Mustafá, amenazando con represalias o intentos de intimidación.

Sin embargo, la sentencia que el juez leyó en 11 minutos, el 11 de marzo de 2016, a las 12:55 de la madrugada, estableció otra cosa:

“(…) Si bien es cierto que los reportajes a los que se viene haciendo referencia no son suscritos por el querellado, no es menos cierto que constituye un hecho notorio que el lector del diario Correo del Caroní se circunscribe en la persona de David Natera Febres, recayendo sobre él mismo la responsabilidad de editar o limitar lo que debe considerarse como un hecho noticioso en el cual no se emiten juicios de valor. 

Es por eso que quien se pronuncia debe hacer una reflexión: los medios de comunicación social tienen un compromiso ineludible con los valores supremos a los cuales se contrae el artículo 2 de nuestra Carta Magna, así como también la obligación de informar en procura del respectivo equilibrio de esos valores, ello con el debido respeto de los derechos humanos a cualquier persona, dado que aún ni el delincuente más vil tiene derechos que deben ser tutelados. Más aún cuando el honor y la reputación trascienden del plano personal al plano familiar, no olvidemos que el mayor legado a nuestros hijos es el honor, el decoro y el respeto en una sociedad de iguales. Es así como en esta oportunidad el Tribunal Sexto en funciones de juicio declara la culpabilidad y responsabilidad del ciudadano David Natera Febres en la comisión de los delitos de difamación agravada e injuria en forma continuada, en consecuencia lo condena a cuatro años de prisión y una multa de mil ciento veintisiete unidades tributarias”.

El 13 de diciembre de 2016 fue declarado sin lugar el recurso de casación intentado contra la sentencia de la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por Maikel Moreno. La orden de prisión fue suspendida por decisión del Tribunal de Ejecución, siempre y cuando Natera permanezca en el país, se presente mensualmente y pague la multa. Le sigue ahora la activación del juicio civil que podría concluir en un embargo de bienes.

David Natera Febres va cada mes a la sede de la policía a tomarse una fotografía. En la pantalla de su teléfono muestra una seguidilla de retratos en los que, cabeza alta, posa bajo el letrero de la comandancia, como si se tratara de un delincuente más.

—Tenía que estar aquí —me dijo cuando lo entrevisté para escribir esta historia, a comienzos de febrero de 2018—. Esto es un emplazamiento diario. Yo no me voy. Tengo que estar, yo soy de los aquí, de los que no se van. Mi compromiso histórico es este y, realmente, estoy orgulloso de eso.

Esta historia forma parte de Crónicas insumisas, un microsite del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, en alianza con la Embajada de Canadá, La vida de nos, la ONG y El Anexo. Visite el proyecto completo en este enlace.

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