El día que el periodismo le ganó al Estado

El 12 de febrero de 2014, Bassil Da Costa fue asesinado en una manifestación contra Nicolás Maduro. Juancho Montoya –líder de colectivos– y Robert Redman completaron la cifra de muertos de ese día. El gobierno acusó a la oposición. Pero un grupo de periodistas demostró, en un medio carcomido por la censura, que el asesino de Da Costa fue un funcionario del Sebin. 

Fotografías: Lisseth Boon, Andreína Mujica y David Estrada Larrañeta

“La verdad no está destinada a permanecer oculta. No está destinada a ser suprimida. No está destinada a ser ignorada. No está destinada a ser disfrazada. No está destinada a ser manipulada. No está destinada a ser falsificada. De lo contrario, el mal prevalecerá. Nuestra misión especial como periodistas es asegurarnos de que la verdad sea revelada”.

Martin Baron
Director de The Washington Post. Ex editor de The Boston Globe
Festival Gabo, Medellín, 29 de septiembre de 2016

Una foto. Cien fotos. Una imagen: “Dos hombres en una moto de alta cilindrada”. Están delante de la marcha. Más fotos. Muchas fotos. Coincidencia: “Los mismos hombres atraviesan el cordón policial, más adelante”. Una pregunta: ¿quiénes eran?

Juan Carlos Solórzano inició su jornada laboral como cada tarde. Llegó al edificio de Últimas Noticias, ubicado desde 2012 en La Urbina, al este de Caracas, y se dirigió al departamento de videografía donde trabajaba. Era 12 de febrero de 2014. Un día miércoles.

La oposición había convocado, con motivo del Día de la Juventud, una movilización contra Nicolás Maduro. El llamado tomó fuerza tras el arresto de unos estudiantes en Táchira y Mérida la semana anterior. La protesta partió desde Plaza Venezuela, y tenía como destino la Fiscalía General, en la avenida Universidad. Acompañados por Leopoldo López, los jóvenes llegaron a la sede del Ministerio Público, donde entonaron el himno nacional y exigieron la liberación de sus compañeros de la región andina.

La actividad concluyó. Pero un grupo se negó a irse.

Quienes se quedaron prosiguieron hasta la esquina Monroy y luego subieron hacia Tracabordo, donde tumbaron una moto del Sebin. El hecho desató la furia de los funcionarios de ese cuerpo, quienes comenzaron a disparar a los manifestantes. Corrieron, unos hacia la avenida Universidad y otros hacia una calle lateral. El segundo grupo de manifestantes regresó pocos segundos después —exactamente 12, contabilizaría la reconstrucción de hechos de la Unidad de Investigación de Últimas Noticias—. Quedaron en la línea de fuego. Y a las 3:13, cayó de frente contra la acera Bassil Da Costa. A las 3:25, el joven de 24 años ingresó muerto al Hospital Vargas, por un disparo en la cabeza.

Era la primera jornada de protesta a la que asistía.

Esa noche, Robert Redman, un piloto de 31 años, fue asesinado también fuera de su apartamento en Chacao durante otro foco de protesta. Horas antes, había cargado el cuerpo inerte de Da Costa.

Cuando Juan Carlos llegó al periódico, ya los hechos estaban sucediendo. Le llamaron la atención los videos que circulaban en las redes sociales, donde aparecían comisarios del Sebin disparando, y el material que traían los fotorreporteros. En Twitter estaban difundiendo el video de un funcionario accionando un arma, al que acusaban de haber matado a Da Costa.

Pero Juan Carlos no confiaba en los rumores de las redes. No se veía a quién le estaban disparando. El videógrafo recordó los hechos posteriores al 11 de abril de 2002 y pensó: “Podrían incriminar a alguien sin tener todos los elementos”. Fue cuando empezó a ver todo lo que iba difundiéndose, a revisar fotos y a comparar las horas en las que habían sido tomadas. Vio más de mil fotografías.

Algo llamó su atención.

Vio a unos hombres en una moto de alta cilindrada, delante de la marcha que se dirigía hacia la Candelaria. Unas fotos más adelante, vio cómo los mismos hombres atravesaban el cordón policial. Y un detalle significativo: los policías les abrían paso.

Tamoa Calzadilla dirigió la Unidad de Investigación de Últimas Noticias hasta el 17 de marzo de 2014, cuando renunció por la censura que impidió la publicación de un reportaje de Laura Weffer, periodista de su equipo. La Cadena Capriles, grupo editorial que abarcaba también los diarios El Mundo Economía y Negocios y el diario deportivo Líder, había sido vendida el 31 de mayo de 2013. No se reveló el nombre del comprador. No obstante, el cambio de línea editorial que, desde ese día, comenzó a favorecer al gobierno, indicaba la procedencia de los nuevos dueños. Esas fueron las razones por las que la periodista se fue de la empresa donde trabajó durante 15 años. Pero antes de irse, exactamente un mes antes, emprendería la averiguación que desenmascaró, esa misma semana de los hechos, la versión oficial sobre la muerte de Da Costa.

Estaban todos en la redacción. Las redes sociales, que Tamoa recuerda como una suerte de demonio por toda la desinformación que llevaban y traían ese día, se convirtieron en aliadas. En Twitter se rumoraba que había muchos muertos, por lo que Tamoa le pidió a Airam Fernández, otra reportera de su unidad, que se trasladara al Hospital Vargas, donde decían que habían llevado a Bassil Da Costa. Un primo del joven lo daba por muerto.

Este fue el primer hilo del que comenzaron a halar para desenredar la madeja, a fin de tejer la trama del reportaje del domingo, día en que publicaban las investigaciones. Ese y una conversación casual que estaría a punto de ocurrir.

Tamoa se encontró en el baño a alguien del equipo de Juan Carlos, que le preguntó qué harían sobre los sucesos de ese 12 de febrero. Ella le respondió que todavía estaban pensando cómo abordar el tema.

—Juan Carlos está en su computadora, reconstruyendo con imágenes lo que ocurrió.

La Redacción Única, como fue llamada la sala de prensa de la Cadena Capriles tras la mudanza desde la Torre de la Prensa, es un espacio muy amplio donde conviven periodistas, fotógrafos, infógrafos y editores de todas las marcas del grupo editorial, ahora Grupo ÚN. El departamento de videografía está ubicado en un par de largos escritorios, a solo metros del baño de mujeres, y antes de lo que fuese el área de investigación o UCI, la Unidad Centralizada de Información.

Tamoa no dudó, y se acercó a Juan Carlos.

—Oye, si tú estás haciendo esto, vamos a juntarnos. ¿Qué tienes?

—Mira esto que tengo acá.

En horas, el videógrafo había reunido material audiovisual de distinta procedencia. De fotógrafos del periódico, fotografías y videos de otros medios, videos e imágenes de Twitter. Distintos ángulos de un mismo hecho: civiles, con características de funcionarios, disparando a la manifestación, amparados por los cuerpos policiales.

Con mucho cuidado, emprendieron la curaduría de las imágenes. Juan Carlos, sumamente meticuloso, decía: “Mira los zapatos de esta persona. Ahora mira que son estos mismos zapatos de quien está disparando, y son estos mismos del que se monta en la moto y se va”.

Así comenzaron a ver quiénes habían estado en la zona del crimen. Ante la inmensa cantidad de fotos y videos que había subido la gente a las redes, se dijeron: “Vamos a cuidar la identidad de todo el mundo; lo que vamos a decir aquí es muy peligroso”.

¿Cómo comprobarían sus sospechas? Estaba por comenzar la otra fase de la investigación.

César Bátiz coordinaba la UCI de Últimas Noticias. Lo hizo hasta el 29 de abril de ese año, cuando renunció, mes y medio después que Tamoa, y por las mismas razones. Fue el segundo integrante de la unidad en conocer el trabajo de Juan Carlos Solórzano.

César recuerda que ese día Desiree Santos Amaral, periodista que fungió brevemente como consejera editorial tras la venta del periódico, andaba por la redacción afirmando que “la oposición iba a repetir lo del 11 de abril”. Y recuerda también la perspicacia de Tamoa al decidirse a profundizar el análisis que había iniciado Juan Carlos. Decidieron entonces no quedarse solo con el material de las redes sociales, por lo cual le encomendaron a Laura Weffer ir al lugar donde murió Da Costa a recabar testimonios y comparar la realidad con las fotografías. Frente a cada calle, cada esquina, cada edificio, las imágenes fueron revelando la innegable contundencia de los hechos.

Bassil Da Costa no fue la única víctima ese día. Minutos antes, a escasos metros, una bala entró por el orificio nasal de Juan (Juancho) Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, que unifica colectivos populares de la Gran Caracas y Vargas. Fue trasladado sin vida a la clínica La Arboleda.

“Allá en Plaza Candelaria, el fascismo estaba ahí, y lo estaban cazando (a Montoya). Un camarada íntegro, luchador, líder de colectivos del 23 de Enero. Fue asesinado vilmente por el fascismo”, aseguró esa misma tarde Diosdado Cabello, para entonces presidente de la Asamblea Nacional. “A los colectivos les pedimos calma y cordura. Esta es una provocación de la derecha. Pero los responsables van a caer, se llamen como se llamen, y se metan donde se metan. ¿Hasta cuándo estos asesinos fascistas que llamaron a la violencia? Son asesinos”.

Ahora, la versión oficial señalaba a la oposición como culpable de los hechos del 12F.

Tamoa le comentó a César algo que le resultó curioso. A su teléfono había llegado un mensaje, de una fuente, que le aseguraba que Montoya no pertenecía a un colectivo, sino que era un agente cubano encubierto.

—César, esto es muy grave. Hay que ir al velorio, en el 23 de Enero. Hablar con los familiares, ver si hay alguien llorando ahí, si de verdad era del 23 de Enero.

La responsable de esta pauta, bastante peligrosa, fue Carjuan Cruz. Ella se encargó de verificar que quien estaba mintiendo era el hombre que le había escrito a Tamoa, lanzándole el señuelo de una información falsa para que la publicaran. “Tamoa, la señora asegura ser su mamá, y la hermana también”, confirmó Carjuan. Lo que se decía sobre Montoya era cierto. Era un líder de colectivos.

Laura Weffer integraba la UCI de Últimas Noticias, donde trabajó hasta 2014, año en el que su reportaje “Lo que hay detrás de las guarimbas”, que publicaría el 16 de marzo, fue censurado. “Después de leído y hacerle varias observaciones, seguí convencido de que, no guardando relación con mi sugerencia, en esas condiciones no podía publicarse. Se trataba de una exaltación a la guarimba”, señalaría Eleazar Díaz Rangel, director del periódico, para justificar su decisión.

Un mes antes, junto a Juan Carlos Solórzano, Laura se encargó de la reportería en el sitio donde cayó el cuerpo de Bassil Da Costa, para comprobar la hipótesis que se había planteado el equipo, y que ahora retaba la versión del gobierno: a Da Costa lo habían asesinado funcionarios del Estado.

Ese día, los vecinos les proporcionaron más de 100 fotos y unos 8 o 10 videos. Sin la disposición de la gente, cree Laura ahora, no hubiesen podido descubrir la verdad.

En uno de los edificios donde entraron, alguien les dijo:

—Yo tengo algo.

Un estudiante tenía una secuencia fotográfica muy bien hecha, con una buena cámara. Tenía un teleobjetivo, que le permitió retratar bien lo que ocurrió. Les mostró todas las fotos. Lo primero que vieron fue a los hombres de las motos (que vestían como civiles), y que bajaban junto a la comisión de funcionarios por la misma calle.

Fue la primera pista del día.

Luego, en la redacción, y ya más fríamente, Juan Carlos revisaba Facebook y advirtió que alguien había compartido en el muro de un amigo la foto de uno de los comisarios vestidos de civil. Estaba disparando. La descargó, analizó y ubicó al hombre en los videos.

Esta foto —de un sujeto con casco, lentes oscuros, bolso verde y pantalón verde militar— fue la que abrió el dique del reportaje escrito.

Juan Carlos y Laura llegaron con mucha información. El jueves 13 recibieron más fotos, les confirmaron la hora en la que había llegado ese comando, en la que habían disparado, en la que habían caído los heridos y cuándo se habían retirado los funcionarios, con la venia de la Guardia Nacional. La gente les contó, incluso, que la noche del 12F, funcionarios del Sebin habían ido a recoger casquillos y a decomisar cámaras de quienes habían registrado el hecho.

Con la información verificada, comenzaron a armar el complejo rompecabezas que sustentaría el reportaje.

Decidieron hacer un video, con la cronología de la muerte de Bassil Da Costa. Una fotografía selló ese momento en la que Juan Carlos hace la edición, rodeado de todo el equipo. Fue tomada por Lisseth Boon, otra periodista de la unidad de investigación que participó haciendo verificación de datos junto a Airam Fernández y Albinson Linares.

Y en el reportaje escrito contaban lo que estaba en el video. Esto les dio la oportunidad de usar un lenguaje directo, sin suposiciones, porque el relato del video era contundente. Irrefutable.

El trabajo escrito fue lo que Tamoa le mostró a Eleazar Díaz Rangel el viernes 14. Estaban en medio de un estado de censura terrible. Ya la Cadena Capriles había sido comprada por gente desconocida, adoptando una clara línea editorial pro oficialista.

Durante el minuto 3:41 del material audiovisual que respaldaba la investigación, una imagen muestra a tres sujetos claves: el hombre de camisa blanca y el de camisa caqui (como fueron denominados por los reporteros) y un tercero, de camisa marrón. Entre ellos estaba el asesino de Da Costa.

—Director, tenemos una cosa muy fuerte, pero la tenemos demostrada. Fue el Sebin el que disparó contra esos muchachos, y son ellos los responsables de la muerte de Bassil Da Costa.

La expresión en el rostro de Díaz Rangel cambió. Pidió unos minutos.

—Cuando volví a su oficina me dijo que había llamado a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, para decirle lo que teníamos para el domingo.

Ese 16 de febrero, el reportaje “Sucesos del 12F: con armas cortas atacaron a manifestantes” era difundido, en prensa y en el portal digital. En pocas horas era el más visto de la página. Y el video era reproducido por miles de personas a través de las redes sociales.

A las 9:30 de la mañana, funcionarios del Estado y los nuevos dueños del grupo editorial comenzaron a presionar para que se retirara el material de la web. Era imposible. Ya era viral. Se procedió solo a removerlo de las notas destacadas, pero esto no mermó su lectura.

Cerca de las 4:00 de la tarde, Nicolás Maduro emite un claro mensaje por cadena de radio y televisión: “Un grupo de efectivos del Sebin desacató la orden de acuartelamiento”.

El presidente de la República había reconocido que esos habían sido los asesinos.

Tamoa estaba con su familia ese domingo. Mientras los demás hablaban distraídos, ella permanecía en un cuarto frente al televisor. Temblaba, viendo lo que estaba pasando. Que Maduro admitiera lo que ellos habían demostrado era periodísticamente muy importante. También sintió un gran alivio. Hubiesen podido inventar cualquier cosa sobre ellos.

La posibilidad de que se cometiera una injusticia había sido el motor de su investigación. A eso se consagra el periodismo al que estaban dedicados: a dejar al descubierto lo que el poder quiere ocultar, pero no siempre se consiguen resultados tan contundentes como este.

En los días posteriores, identificaron a los sujetos acusados. El hombre de la camisa blanca era Jonnathan Rodríguez Duarte, sargento de tercera del Ejército y escolta del entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres; en los videos se le ve disparando con un arma corta 9mm (Glock 19). El hombre de la camisa caqui era José Miguel Domínguez, “Miguelito”, jefe de seguridad del diputado Freddy Bernal, quien presidía la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial; Domínguez dirigía la operación. El hombre de la camisa marrón era José Ramón Perdomo Camacho: comisario del Sebin y autor material del homicidio de Da Costa.

Mientras cubrían todas las incidencias del caso, Rodríguez Torres le envió un mensaje a Laura Weffer a través de Díaz Rangel:

—Dile a Laura que deje de joder.

El 25 de febrero, el Tribunal 48 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad, por su implicación en la muerte de Bassil Da Costa, al comisario jefe Manuel Benigno Pérez; el subcomisario Edgardo José Lara Gómez; el inspector Héctor Andrés Rodríguez Pérez; y los detectives Josner Márquez Fernández y Jimmy Alexis Sáez Osorio. Todos del Sebin. También fueron imputados el funcionario del Ejército Jonathan José Rodríguez y el policía nacional Andry Jaspe, quienes eran parte del equipo de escoltas del ministro Rodríguez Torres.

El 28 de marzo de 2014, la policía judicial determinó que el autor material del asesinato del joven fue José Ramón Perdomo Camacho, de 42 años, también funcionario del Sebin. Fue condenado a 29 años y 6 meses de prisión, el 1^o de diciembre de 2016. Andry Yoswua Jaspe López, de 28 años, fue condenado a 6 años de cárcel, por el uso indebido de arma orgánica. Los demás funcionarios del Sebin se encuentran libres.

Perdomo Camacho aseguró, en su declaración, que nunca recibió una orden de acuartelamiento.

El reportaje en serie, publicado entre el domingo 16 y el domingo 23 de febrero de 2014, fue galardonado con el premio nacional de periodismo de investigación Ipys-Venezuela 2014 y el premio internacional de periodismo Gabriel García Márquez. En 2014, Tamoa y Laura también recibieron una mención especial del María Moors Cabot, el premio más antiguo de Estados Unidos, que otorga la Universidad de Columbia. Ambas fueron fotografiadas con una bandera de Venezuela durante la ceremonia.

Los hechos demostrados evitaron también que el líder opositor Leopoldo López fuese acusado de ser autor intelectual de los asesinatos de ese día.

Tamoa se desempeña ahora como periodista de investigación y proyectos especiales en Univisión Noticias. Juan Carlos emigró a Centroamérica. Carjuan vive y ejerce en Miami, Florida. César es fundador y director de El Pitazo. Laura es cofundadora y directora editorial de Efecto Cocuyo. Lisseth trabaja en Runrunes. Albinson vive en México y Airam en Chile.

De este grupo de periodistas, los únicos que continúan en Venezuela son César y Lisseth. Tras la renuncia de cada uno de ellos, la Unidad de Investigación de Últimas Noticias dejó de existir.

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